LA MIGRACION EN EL SALVADOR

PRESENTACIÓN 

El presente trabajo denominado “Migración e Integración en El Salvador: Realidades y Respuestas“ hace parte de los Cuadernos de Trabajo de la Serie Gobernabilidad Democrática y Desarrollo y es el resultado de la ejecución en El Salvador de la primera fase, del proyecto “Apoyo a Procesos Locales de Integración de la Población Migrante y Desplazada en Centroamérica y Colombia”. En El Salvador la movilidad espacial de la población es un aspecto demográfico importante, que no sólo tiene su origen en la tradicional dinámica de expulsión y atracción campo – ciudad propia de una economía capitalista subdesarrollada, sino también por la dinámica generada por el conflicto bélico que afectó al país en los años setentas y ochentas. Entre los movimientos poblaciones más importantes se han identificado los siguientes: los que son producto del proceso de crecimiento urbano y las migraciones masivas (desplazamientos) de campesinos, provocadas por el conflicto armado. Una vez lograda la paz, se desencadenaron otros procesos como la reinserción de los excombatientes y desmovilizados, los retornados y deportados de los Estados Unidos y los desplazamientos provocados por desastres naturales como la tormenta tropical Mitch. Como se puede apreciar, todos estos movimientos han generado diferentes categorias migratorias, con sus efectos particulares a nivel territorial e institucional-municipal. Algunos de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno, en donde actualmente se ubican la mayoría de los desmovilizados y reinsertados, los retornados (refugiados durante la guerra), son Chalatenango, Morazán, Usulután, San Vicente, Cabañas y San Miguel. Concretamente, en los municipios de Tecoluca (departamento de San Vicente) y Jiquilisco (departamento de Usulután) se ha estado desarrollando, desde hace cerca de 6 años, un proceso local y regional de concertación entre diferentes actores, con el apoyo de algunos actores nacionales (ONGs.) e internacionales (agencias de cooperación) Esta fase se desarrolló durante el segundo semestre del año 1999 y consistió en identificar y analizar, a partir de un diagnóstico participativo, las principales dinámicas migratorias y de desplazamiento que afectan actualmente al país; las consecuencias de tales procesos en los espacios locales; y las respuestas públicas y privadas que se están dando para enfrentarlas. El propósito fundamental fue formar en los actores nacionales un criterio fundamentado sobre la dinámica migratoria específica del país (tendencias más recientes) y sus efectos a nivel localterritorial; conocer las percepciones; y establecer los aprendizajes o lecciones que se desprenden del tratamiento a la dinámica migratoria en cada país y en la región. Por otra parte, este diagnóstico pretendía proporcionar los elementos necesarios para seleccionar en el país un municipio o localidad, fuertemente afectada por procesos migratorios y de desplazamiento, en donde poder promover en las fases siguientes del proyecto, un proceso participativo y concertado entre actores locales para integrar a la gestión local-territorial las dinámicas migratorias. El principal impacto del proyecto en la I Fase se dio en el marco de la Cumbre Centroamericana "Ciudades para la Gente" realizada por el Programa CERCA (CNUAHHábitat) en Honduras en octubre de 1999, en donde se define como una de las temáticas prioritarias del sector vivienda y asentamientos humanos en la región centroamericana, la dinámica migratoria y sus efectos en la gestión del desarrollo local. Este evento permitió igualmente el intercambio entre los procesos iniciados en Centroamérica y Colombia, al contar también con la participación de los socios locales del componente colombiano del proyecto. Este esfuerzo no hubiera sido posible sin el compromiso de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador, quien como socio técnico del Proyecto en este país hizo posible el desarrollo de esta investigación realizada por la Consultora Margarita Silva la cual tenemos el gusto de presentar.

 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como principal objetivo identificar a partir de información documental las respuestas nacionales/locales a los procesos de reasentamiento e integración de la población migrante o desplazada de El Salvador, constituyéndose en la base diagnóstica que permite conocer los problemas que enfrenta este grupo poblacional y las respuestas institucionales que se ofrecen para su solución. La migración se entiende como los movimientos de población que son provocados por factores económicos, sociales y políticos que obligan a las personas a cambiar su lugar original de residencia. En El Salvador, el conflicto armado de los años ochenta provocó desplazamientos poblacionales forzados tanto internos como externos. Posteriormente el proceso de negociación produjo el fenómeno de los reinsertados, retornados y repobladores1. Otro factor que ha provocado históricamente movimientos poblacionales ha sido y sigue siendo la exclusión de los modelos de desarrollo económico que condenan a la población pobre a la búsqueda de mejores oportunidades laborales en las áreas urbanas o en las zonas de cultivos de exportación. Un último evento de consideración que ha ocasionado movimientos poblacionales ha sido el paso de la tormenta tropical Mitch. Los cuatro grandes tipos de migrantes anteriormente identificados, constituyen la población objetivo de esta investigación. En el primer capítulo de este estudio se realiza una descripción de la estructura demográfica salvadoreña y se establecen las principales tendencias migratorias a nivel nacional, regional, departamental y metropolitano utilizando como fuente de información el Censo de Población y Vivienda de 1992. En el segundo capítulo se hace una caracterización de la población migrante, en especial de aquella que ha recibido o está recibiendo apoyo para la integración a la vida productiva. Estamos hablando en primer término de los reinsertados y dentro de ellos se hace mención especial a los discapacitados; se identifican además los deportados y por último, se caracterizan a los desplazados por la tormenta tropical Mitch. El tercer capítulo se dedica a las respuestas institucionales (públicas y privadas) que se están dando al fenómeno migratorio y a los grupos migratorios que se han caracterizado en el segundo capítulo. En esta sección se detallan las estrategias, programas o proyectos implementados por diferentes instituciones en El Salvador. Asimismo, se establecen los objetivos perseguidos, la cobertura alcanzada y los resultados obtenidos por esos programas o proyectos. Para la realización de este apartado se contó con alguna información documental, pero la fuente fundamental de información fueron entrevistas a informantes claves de las instituciones involucradas. 

Capítulo I ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y TENDENCIAS EN LA MIGRACIÓN SALVADOREÑA 

En este capítulo se realiza un análisis de la migración interna tomando como base la información censal, para determinar las tendencias de los flujos migratorios, los departamentos expulsores y receptores de población y las principales zonas de concentración de migrantes, diferenciando dos niveles de análisis el nivel nacional/departamental y el nivel urbano/metropolitano. El Salvador es un país que se caracteriza por un fuerte crecimiento demográfico y por un alto nivel de densidad de población. En 1992 la población tuvo un crecimiento absoluto de 1,563.951 personas en relación al censo anterior de 1971, con una tasa de crecimiento de 1.7 por cien anual. En 1971 el país contaba con una población de 3.5 millones de habitantes de los cuales 60 por ciento pertenecían al área rural. Veintiún años más tarde, su población había aumentado a 5.1 millones de habitantes pero su población rural había disminuido a 49 por ciento y la población urbana había aumentado a 51 por ciento. La tasa de incremento de población urbana equivalente a 83.6 por ciento, supera a la rural que es de 18 por ciento, esto evidencia la existencia de un fuerte flujo migratorio rural-urbano. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, para 1997 se estima que la población salvadoreña llega a un aproximado de 5.9 millones de habitantes de los cuales 55 por ciento se localizan en las áreas urbanas, lo cual demuestra la permanencia de la tendencia marcada por el censo de 1992, respecto a la estructura demográfica. Entre 1971 y 1992 la población casi se duplicó, alcanzando una densidad de 243 hab/km2. El área de mayor concentración de la población ha sido y sigue siendo la zona suroccidental del país, constituida por algunos departamentos de la región central y occidental. En esta zona se encuentra el mayor centro urbano y una serie de ciudades intermedias, generándose un claro desequilibrio regional. Los departamentos que tuvieron un incremento poblacional mayor fueron San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán. Al observar la proporción de la población migrante del país se aprecia el aumento que se experimentó en 1992 con relación al censo anterior de 1971, ya que pasó de 14.8% a 16.6% de la población que residía en un departamento diferente del que había nacido. Este crecimiento se explica por los movimientos de población debido principalmente al conflicto interno vivido en los años ochenta. Al analizar la composición por sexo de los migrantes internos resulta que las mujeres tienen mayor participación en las migraciones en El Salvador. Las mujeres representan el 54% de la migración registrada de aquellos que vivían en un departamento distinto del que nacieron; además se observa un índice de masculinidad de 82 hombres por cada 100 mujeres. El principal flujo migratorio dentro del territorio salvadoreño se orienta hacia los departamentos de San Salvador y La Libertad, especialmente a las áreas urbanas, es decir al Area Metropolitana de San Salvador (AMSS). Ese flujo migratorio hace parte de la concentración poblacional que se da en el área suroccidental del país. El 79% de los migrantes se han dirigido hacia esta zona, constituida por los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana. Estos departamentos reúnen un poco más de las tres cuartas partes de los migrantes, debido a la atracción ejercida por las áreas urbanas de los departamentos, en donde el empleo en actividades comerciales y de servicios tiene una alta demanda. Los departamentos expulsores, es decir, aquellos departamentos con una fuerte salida de población, siguen siendo los mismos de las décadas anteriores, los cuales forman parte de la zona norte y suroriente del país. Cabe destacar que los departamentos que arrojan un saldo negativo mayor son aquellos en donde se registró un alto desarrollo del conflicto armado: Usulután, Chalatenango, San Vicente, Cabañas y Morazán. Pero se debe contemplar que los demás departamentos que presentan un saldo negativo también expulsan población hacia la zona suroccidental del país: La Unión, San Miguel, La Paz, Santa Ana y Ahuachapán. La dirección de las corrientes migratorias se puede observar también al agrupar los flujos de desplazamiento en regiones, a través de los incrementos porcentuales de la población, en el período intercensal comprendido entre 1971 y 1992. Así, la región oriental tuvo un significativo decrecimiento de la población rural; de manera paralela la región central, especialmente los departamentos de La Libertad y de San Salvador, experimentó un gran crecimiento de la población urbana. De nuevo se manifiesta que la desaceleración del crecimiento rural tuvo un marcado acento en departamentos que vivieron directamente el conflicto: San Vicente, Usulután, Cabañas, Morazán y Chalatenango. En 1994, un trabajo del PNUD confirma las aseveraciones hasta aquí expuestas al concluir que tanto la región oriental como la región occidental, son fuertes expulsoras de población hacia la región central, pero los desplazamientos desde la región occidental tuvieron una motivación predominantemente económica y las migraciones de oriente, además del aspecto económico fueron motivadas por el conflicto.1 Además del principal flujo migratorio descrito anteriormente, debemos considerar otras corrientes migratorias de menor intensidad. En torno al departamento de San Miguel se constituye un campo de atracción de la población que reside en la región oriental, por ser elcentro urbano con mayor oferta de servicios y empleo. El 35% de los migrantes provienen de Morazán, seguido por el 25% de migrantes de La Unión y por el 20% de personas de Usulután. Al observar la drástica pérdida de población rural que tuvo la región oriental, se puede decir con seguridad que esta corriente es de carácter rural-urbano. Otra corriente es la que se genera alrededor del departamento de Sonsonate, departamento que ejerce atracción sobre los pobladores de Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador, por las actividades comerciales del puerto de Acajutla y de la ciudad de Sonsonate. Por último, es importante mencionar la corriente que se forma alrededor del departamento de Santa Ana. Este departamento tiene la característica peculiar de ser a la vez atractor y expulsor de población. Su atracción la ejerce la ciudad de Santa Ana sobre la población de los otros dos departamentos de la región occidental: Ahuachapán y Sonsonate, así como de migrantes provenientes de La Libertad y de San Salvador. Por su parte, la expulsión básicamente es de población rural que se orienta a los centros urbanos de Sonsonate, San Salvador y La Libertad. Nivel urbano/metropolitano de las migraciones En la década de los años cincuenta, las áreas urbanas crecieron a un ritmo superior al promedio nacional, como producto del traslado de población rural. El desplazamiento global de la población procedía de los departamentos del norte y noreste y tenía como destino las áreas urbanas de los departamentos de San Salvador y La Libertad, atraídos por el incipiente proceso de industrialización. Por su parte, San Miguel era el centro de atracción urbano de la región oriental. En la década de los años sesenta se presentan diferencias en las tendencias migratorias. Así, se tiene que todos los departamentos expulsaban principalmente población de sus zonas rurales hacia cuatro áreas urbanas, predominando la de San Salvador, seguido por las áreas urbanas de los departamentos de La Libertad, Sonsonate y Santa Ana que se asociaban a la industrialización y al proceso de comercialización de los principales productos agrícolas de exportación. También en ese período existían muchas corrientes menores de intercambios compensados y recíprocos. Es decir, que se daba un tránsito de población entre las áreas rural y urbana de los departamentos, así como un flujo y reflujo de población entre los distintos departamentos.2 Durante la década de los años ochenta, la situación política y el conflicto armado provocaron movimientos migratorios masivos y forzados. Estos movimientos tuvieron un carácter comunitario o familiar, principalmente de población campesina, que se vio obligada a abandonar sus lugares habituales de residencia para proteger la vida ante las amenazas de la violencia y de la violación de sus derechos humanos. En lo que refiere a cifras de migrantes internos por el conflicto, la información censal de 1992, indica que en el período 1980-1983 las migraciones internas alcanzaron un porcentaje de 19%; entre 1984-1987 llegó a 17%; entre 1988-1991 fue de 25%, y en 1992 fue de 7.3%. Lo anterior indica que en todo el período de guerra (1980-1992) se produjo un movimiento de 525,250 personas, lo cual representa el 68.3% de la migración registrada en todos los años hasta 1992. Cabe destacar que la atracción que presentan las zonas urbanas no obedece a su desarrollo económico, más bien se debe a la expulsión de campesinos que huían de la violencia y de la ausencia de tierras y empleo en sus lugares de origen.3 La zona 

Capítulo II CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

En El Salvador la movilidad espacial interna es un aspecto demográfico muy importante, que no sólo tiene su origen en la tradicional dinámica de expulsión y atracción campo-ciudad propia de la economía capitalista subdesarrollada, sino también en la dinámica generada por la migración forzada. Entre los movimientos poblacionales más destacados tenemos: el movimiento poblacional provocado por el proceso de crecimiento urbano, las migraciones masivas especialmente de campesinos a raíz del conflicto armado que se vivió en los años ochenta, la reinserción de los excombatientes y desmovilizados después de la firma de los Acuerdos de Paz, el retorno de los deportados básicamente de Estados Unidos y los movimientos ocasionados por los desastres naturales como la tormenta tropical Mitch. Todos estos movimientos generan diferentes categorías migratorias: § Los migrantes económicos son tanto los pobladores de las áreas rurales que se movilizan temporalmente para la recolección de los cultivos de exportación, como los pobladores rurales y urbanos que se desplazan hacia las áreas urbanas. § El desplazado surge como consecuencia del conflicto armado. Estas personas son aquellas que se movilizaron de sus lugares de origen para preservar la vida en otras zonas del país. Durante y después del conflicto muchas de estas comunidades regresaron y se convirtieron en repobladores. Después de los Acuerdos de Paz, la población que estuvo involucrada política y/o militarmente en el conflicto se le reconoce como reinsertados y ellos se diferencian así: los excombatientes del FMLN, los desmovilizados de la FAES y los tenedores que son la población civil que dio apoyo a los combatientes del FMLN. Al hacer referencia a los movimientos internacionales nos encontramos con los retornados que son las personas devueltas al país antes de llegar a su destino final. Los retornados a su vez se clasifican en: expulsados que son devueltos masivamente a los puntos fronterizos, deportados a quienes se les levanta un registro de identificación, estas personas ingresan vía terrestre o aérea (especialmente de Estados Unidos), y por último están los repatriados que son aquellas personas que se refugiaron en otros países bajo el contexto del conflicto armado y retornaron al país. Otro tipo de migrante lo constituyen los extranjeros en el país. En primer lugar están quienes ingresan legalmente y son turistas (quienes permanecen hasta tres meses), y los residentes temporales o definitivos. En segundo término están los extranjeros que ingresan de forma ilegal, dentro de éstos están los nómadas y los itinerantes. Por último están los refugiados que son los extranjeros que solicitan protección por estar amenazados o perseguidos por sus ideas políticas, raza o religión. A continuación se profundizará en la caracterización de los migrantes internos que actualmente hacen parte de algún tipo de programa institucional con el fin de lograr su integración social y productiva. Los deportados El problema que experimenta El Salvador con la población migrante que es devuelta al país en condición de deportación es de gran magnitud, sobre todo por la ausencia de políticas de reinserción. Así, el número creciente de migrantes que son obligados a retornar al país se enfrenta a problemas económicos y sociales mayores a las dificultades que tenían cuando tomaron la decisión de emigrar en forma ilegal. En su reingreso a El Salvador, los deportados se enfrentan a la ausencia de fuentes de empleo, desadaptación al medio y rechazo social. Es sabido que los salvadoreños que emigran a Estados Unidos lo hacen en su mayoría de forma ilegal, contratando por un costo aproximado de 5 mil dólares los servicios de traficantes de personas. En el trayecto terrestre estas personas están en una completa vulnerabilidad por el riesgo de sufrir robos, extorsiones y hasta la muerte, así como por la violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades migratorias de los países de tránsito como Guatemala y México.1 A partir de 1996, Estados Unidos aumentó las restricciones a la inmigración con la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), así como el control que ejercen los países de tránsito con los inmigrantes centroamericanos que tienen como destino Estados Unidos. Desde ese tiempo a la fecha, las detenciones y deportaciones de indocumentados que residían en Estados Unidos se han incrementado de forma gradual. En 1992 fueron deportadas de Estados Unidos 1,962 personas, en 1996 fueron 2,360 y hasta agosto de 1999 la cifra llegó a 2,246 personas.2 Estas cifras dan cuenta de una política adversa a la migración, a pesar de las promesas del gobierno estadounidense de detener el flujo de indocumentados para paliar los daños provocados por el pasado huracán Mitch que afectó al país y a toda la región centroamericana. La mayoría de las personas deportadas emigraron de la región central y oriental del país, y en menor proporción de la región occidental. Lo anterior coincide con las zonas de expulsión de población que se han identificado en el patrón de migración interno salvadoreño. Para retornar, los deportados buscan por lo general el mismo lugar de origen de donde salieron o en donde se encuentran los familiares que les pueden dar apoyo. Desplazados por el conflicto y los reinsertados El conflicto armado afectó a una considerable proporción de la población civil, generando una serie de desplazamientos en diferentes momentos, así como diferentes categorías de migrantes: desplazados internos, refugiados oficiales y refugiados indocumentados. Al finalizar la década de los años ochenta se calcula que aproximadamente 500 mil personas habían sido forzadas a abandonar sus lugares de origen o residencia. En el proceso de retorno, algunas de estas personas se ubicaron en sitios conocidos como “asentamientos humanos”. Se trata de comunidades conformadas por grupos de personas repatriadas y desplazadas internas, a los cuales se les ha sumado un significativo grupo de reinsertados. Estas personas se han asentado en un área geográfica determinada de las zonas ex-conflictivas, constituyendo comunidades con un fuerte tejido social. Los cuarenta y dos “asentamientos humanos” existentes reúnen aproximadamente a 28 mil personas y se localizan en los departamentos de Chalatenango, Morazán, Usulután, Cabañas y San Miguel. Entre los asentamientos mayores, es decir, aquellos que presentan una alta magnitud poblacional y un nivel más alto de desarrollo económico social, se encuentran nueve comunidades: Segundo Montes, Santa Marta, Guarjila, Las Vueltas, Arcatao, San José Las Flores, Nueva Trinidad, Ignacio Ellacuría y San Antonio Los Ranchos.3 Después de la firma de los Acuerdos de Paz, la población que participó directamente en el conflicto inició un proceso de reinserción social, política y cultural. La población reinsertada se calcula en 63,500 personas, de las cuales el 33% son mujeres. Se clasifica de la siguiente manera: § Excombatientes son aquellos hombres y mujeres que formaron parte de las estructuras militares del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN-. Junto a los mandos intermedios del FMLN contabilizan 7,500 personas. § Los tenedores son hombres y mujeres pertenecientes a la base social que dio apoyo al FMLN durante el conflicto y se encontraban en las zonas conflictivas en calidad de pobladores y/o trabajadores. Se estiman en 25000 personas § Los desmovilizados son la población que perteneció a las Fuerzas Armadas de El Salvador -FAES-Se calcula en 31,000 personas (incluyendo 6000 policías). Adicionalmente, en el universo de reinsertados y de población civil afectada por el conflicto se encuentra la población que resultó lisiada y discapacitada, la cual se calcula en 12,000 personas, 96% de los cuales son varones. Del total de la población, 80% reside en áreas rurales y 20% en áreas urbanas. La situación de exclusión laboral de los lisiados y discapacitados es muy alta, ya que tan sólo 4% están integrados a alguna actividad productiva. Esta situación es reflejo del poco alcance que tiene en el país la política nacional de rehabilitación, pues no se orienta a la capacitación ni la integración productiva de la población con impedimentos físicos. Los desplazados por la tormenta tropical Mitch En El Salvador las inundaciones y daños producidos por la tormenta tropical Mitch, ocurrida a finales de octubre y principios de noviembre de 1998, forzó a miles de personas a buscar refugio temporal. Este devastador desastre natural, afectó principalmente a la población rural de la zona baja de las cuencas de los ríos Lempa, Paz, Grande de San Miguel en los departamentos de Usulután, San Vicente, La Paz, Sonsonate, La Libertad y San Miguel. Se estima que de un total de 85 mil personas que resultaron damnificadas en el país, 55 mil personas abandonaron las zonas de residencia para buscar refugio temporal en albergues provisionales destinados por el gobierno, como fueron las escuelas, parroquias y casas comunales. La permanencia en los albergues fue de tan sólo dos semanas, iniciándose el retorno de forma apresurada por el hacinamiento que sufrieron y por la falta de insumos básicos.

 Capítulo III INICIATIVAS INSTITUCIONALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

La institucionalización de los procesos de reasentamiento o de integración de la población migrante que ha sido desarraigada, ha permitido de alguna manera ir integrando las comunidades en los espacios locales. Algunas acciones han asistido a la emergencia inicial de la población desplazada, otras han logrado generar procesos más profundos que buscan la construcción de una gobernabilidad democrática, es decir, se inscriben en una dinámica hacia un desarrollo humano sostenible. A continuación se presentan las iniciativas (públicas y privadas) que se orientan a ofrecer respuestas al fenómeno migratorio. Se señalan los programas o proyectos implementados por las diferentes instituciones públicas y privadas, los objetivos perseguidos, la cobertura alcanzada y los resultados obtenidos. Iniciativas para la integración de la población migrante en general 

MESA PERMANENTE DE MIGRANTES Y PERSONAS DESARRAIGADAS En el primer trimestre de 1997, por iniciativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se creó la Mesa Permanente de Migrantes y Personas Desarraigadas, a raíz del anuncio de las leyes aprobadas en Estados Unidos contra los inmigrantes. Esta Mesa se conformó con un grupo de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema y logró generar debate y opinión sobre las problemáticas de la población migrante en la agenda nacional. También se anotan entre sus logros la institucionalización de la “Semana del Migrante”, la cual quedó establecida por decreto legislativo a ser celebrada la primera semana de septiembre de cada año.

 FORO DE MIGRANTES DE EL SALVADOR Los miembros que conformaban la Mesa Permanente de Migrantes y Personas Desarraigadas, deciden en octubre de 1997 transformar la Mesa en el Foro de Migrantes. En la actualidad el Foro de Migrantes es una organización que tiene como misión velar por el respeto de los derechos humanos de los migrantes salvadoreños/as y de otras nacionalidades, constituyéndose en una red que intenta unir los esfuerzos de las treinta y tres instituciones1 que hacen parte del Foro promoviendo iniciativas de apoyo hacia la problemática migrante. Las tres áreas de trabajo del Foro son: § El área de cabildeo e incidencia política: realiza gestiones políticas en coordinación con las organizaciones de salvadoreños en los Estados Unidos, para sensibilizar a los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos. § El área de educación y promoción: Impulsa programas para la sensibilización de la sociedad sobre la problemática. El principal evento que organiza el Foro es la “Semana del Migrante”. En este año de 1999, se abordaron en esa semana los temas de la migración forzada salvadoreña y la legislación en materia de refugio. § El área de Proyectos: Elabora y gestiona proyectos de financiamiento para implementar los programas de trabajo del Foro. 

PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA La Pastoral de la Movilidad Humana es una de las líneas de trabajo de la iglesia católica, constituida por acciones para contrarrestar los efectos producidos por los fenómenos de migraciones, mar y turismo. El programa está bajo tutela de la Secretaría de Movilidad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (SEPMOV) y es ejecutada por la Fundación Cáritas de El Salvador desde 1992. El programa tiene por objetivo ayudar a los migrantes forzados, entre ellos: itinerantes, nómadas, marinos, deportados, refugiados y desplazados, para preservarlos del peligro y proporcionarles lo necesario para que logren llegar a su destino; así como la incorporación de repatriados salvadoreños a la sociedad. El programa da asistencia de emergencia para los migrantes en vivienda de emergencia, alimentación y asistencia legal. Además, estimula la creación de las estructuras del trabajo pastoral de la movilidad humana en las ocho diócesis del país, y en especial en las diócesis fronterizas ya que para la iglesia la movilidad es producto de los problemas socioeconómicos y de la falta de medidas sociales para detener las migraciones. 

2 CONCERTACIÓN NACIONAL DE REFUGIADOS, RETORNADOS Y DESPLAZADOS DE EL SALVADOR (CNS)3 CNS es una instancia de coordinación y concertación de cinco Organizaciones no Gubernamentales: Asociación Salvadoreña de Desarrollo Integral (ASDI), Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), Fundación Salvadoreña para la Promoción del Desarrollo Social y Económico (FUNSALPRODESE), Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) y Fundación para la Autogestión y Solidaridad de los Trabajadores Salvadoreños (FASTRAS). CNS se origina en 1990, a partir de la búsqueda de coordinación entre las cinco ONG´s para formular alternativas de solución a los problemas de la población refugiada a causa del conflicto armado. En el transcurso de su desempeño ha reorientado su quehacer institucional ampliando su misión al apoyo de la población afectada y vulnerable al desarraigo o desplazamiento, ya sea por causas políticas o socioeconómicas. En la ejecución del trabajo, CNS desarrolla relaciones de integración con otras instancias nacionales e internacionales: § Es miembro del Foro de Migrantes y hace parte del Comité Ejecutivo. § Actualmente tiene a cargo la Presidencia de la Asociación Regional para las Migraciones Forzadas (ARMIF), que es una red de ONG´s de la región, que desde la década de los ochenta acompaña a la población desarraigada en Centroamérica, Panamá, Belice y México. Entre los logros de CNS al hacer parte de ARMIF, está la participación en el Grupo de Trabajo Puebla, proceso iniciado en 1996, que representa un marco regional de diálogo y cooperación iniciado por Canadá, Belice, México, Estados Unidos y Centroamérica con el objetivo de consolidar la cooperación regional y la coordinación de políticas y procedimientos migratorios. § Además, CNS ha participado como miembro de ARMIF en el foro paralelo de ONG´s en el marco de las Conferencias Viceministeriales, con lo cual se ha logrado coordinar entre organizaciones de la sociedad civil y las instancias gubernamentales el tema de las migraciones y sobre todo velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los Estados que participan en el proceso Puebla. Iniciativas para la integración de los deportados 

PROGRAMA “BIENVENIDO A CASA” En el país existe desde febrero de 1999, el “Programa de Atención a los Inmigrantes Salvadoreños -PAIS- Bienvenido a Casa”4. Este programa tiene por objetivo dar atención inmediata -es decir es un programa de emergencia- a los deportados provenientes de Estados Unidos. La Coordinación del programa está a cargo de Catholic Relief Services (CRS), y la recepción se ofrece en una oficina del Aeropuerto de Comalapa al grupo de deportados que llegan al país. Esta actividad de recibimiento está a cargo de una ONG: Concertación Nacional de Refugiados, Retornados y Desplazados de El Salvador, y se desarrolla a través de cuatro áreas: orientación inicial sobre el país, una suma de dinero para transporte desde el aeropuerto hasta el lugar de destino, albergue y alimentación hasta por tres días en la Fundación Bálsamo para aquellas personas que no tienen a quien recurrir. El programa surge de la Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Catholic Relief Services (CRS), Arzobispado de la Iglesia Católica, Iglesia Anglicana de El Salvador, Organización Internacional de Migraciones (OIM), Universidad Don Bosco, Universidad José Simeón Cañas (UCA), y Asociación Nacional de Empresa Privada (ANEP). Desde el mes de julio, el programa busca contribuir a la reinserción de los deportados a través del apoyo que ofrecen tres ONG´s: la Organización Empresarial Femenina (OEF), que brinda ayuda de emergencia en salud física y psicosocial; la Fundación para el Desarrollo “16 de Enero” (FUNDESA) que orienta el proceso de nivelación educativa y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) que ofrece asesoría legal. Entre los meses de febrero y agosto de 1999 se atendió a 2,246 personas, de las cuales 96% son varones y el 77% tienen edades que oscilan entre 21 a 40 años, es decir, se encuentran en plena edad productiva. Al observar el tiempo de permanencia entre los retornados que ha recibido el programa “Bienvenido a Casa” se encuentra que 79 personas estuvieron pocos días en Estados Unidos, 673 personas estuvieron menos de 5 años, 475 estuvieron entre cinco y diez años y 654 personas permanecieron entre diez y veinte años, 99 personas estuvieron más de veinte años. Estas cifras nos indican la difícil situación que este grupo de personas debe enfrentar después de mucho tiempo de haber estado viviendo en Estados Unidos, pues es una situación inesperada y obligada que les cambia su estabilidad emocional, familiar, económica y social. Por la razón antes expuesta, resulta comprensible que el 40% de los retornados esperen regresar a Estados Unidos, ya que las principales actividades productivas que desempeñaron se relacionaban con el área de servicios y en algunos casos trabajaron en áreas técnicas, actividades por las cuales percibían ingresos que no podrán recibir en el país. Además, los deportados se hallan en un grado de dispersión y de marginación por las escasas oportunidades de desarrollo en los espacios locales y por el rechazo social de la comunidad fundado en el estereotipo que existe alrededor del deportado a quien se le señala como delincuente o “criminal”. Este término es usado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, tanto para aquellos que han cometido faltas menores, como para quien ha llegado a ser homicida. Aunque entre los deportados existen personas que han tenido algún incidente delictivo, también se da el caso de quienes no tuvieron ningún problema más que el de la ilegalidad de su permanencia en Estados Unidos. En su retorno a El Salvador, la estigmatización redunda en la ausencia de reconocimiento de sus potencialidades y de la experiencia adquirida, que podrían potenciarse si se les abre los espacios para su integración social y productiva. En conclusión, esta iniciativa – como bien lo expresa un estudio realizado por el mismo programa5 –es “insuficiente para garantizar una efectiva inserción social y laboral de esta población” y ...“se vuelve urgente la definición de acciones de mayor duración, que haga posible que los vínculos entre las instancias del Programa y la población retornada sean más duraderos permitiendo el establecimiento de proyectos y programas de inserción social, comunal, educativa y laboral de la población que retorna de Estados Unidos”. Iniciativas para la integración de los reinsertados y la población afectada por el conflicto 

EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. El Plan de Reconstrucción Nacional (PRN) constituye el programa de mayor alcance dirigido a la integración productiva y laboral de los reinsertados. Este programa fue ejecutado entre 1992 y 1996, lapso durante el cual atendió aproximadamente a 41 mil personas a través de diferentes proyectos. El apoyo financiero del PRN provino de diferentes fuentes: del Banco Mundial (BM), del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del PNUD, de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), así como de la cooperación de los gobiernos de la Comunidad Económica Europea, Alemania, Noruega, Suecia, Canadá, Suiza, Japón Dinamarca, Holanda y Estados Unidos. La ejecución de los programas estuvo bajo la coordinación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), con la participación de varias organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales (PNUD, UNESCO, UNICEF, OPS) y la Universidad de El Salvador. Como resultado de la negociación política entre el FMLN y el Gobierno, se constituyó el PRN que tuvo dos programas que revelan diferentes momentos de la integración:6 el programa de emergencia y el programa de mediano plazo. Este último tenía el objetivo de posibilitar la reinserción permanente en la vida productiva de los excombatientes del FMLN y los desmovilizados de las FAES, tanto en el área urbana como en la rural. En el área urbana se establecieron tres diferentes programas: el programa de Industria y Servicios buscó apoyar actividades productivas independientes como microempresas o pequeños negocios. Debido a la falta de asistencia técnica y a la competencia en el mercado, de los 2,897 beneficiarios que recibieron créditos se constituyeron 1,743 empresas de las cuales el 48% seguían en operación en 1996. El segundo programa fue el de líderes y mandos medios del FMLN, que dio capacitación a 598 personas y 481 créditos para constituir microempresas, éstas también tuvieron que resistir condiciones adversas para sobrevivir. Con el tercer programa de becas de estudio, se logró la capacitación de las 1,140 personas que escogieron esta vía como una forma de superación personal y de integración productiva. Los pocos logros que se obtuvieron en cuanto a la reinserción rural, están centrados en el Programa de Transferencia de Tierras (PTT), el cual otorgó la tierra como base para la reinserción de la población desarraigada en el sector rural, con el objetivo de convertirlos en productores agrícolas. Algunos de estos nuevos productores se organizaron en cooperativas agropecuarias. Pero para lograr una verdadera integración se requería de la obtención de otros factores que generaran estabilidad como son crédito, capacitación, asistencia técnica y vivienda, los cuales fueron contemplados como programas para la reinserción rural. Estos programas no alcanzaron a cubrir las metas propuestas para lograr la integración esperada7. La parcelación de las propiedades del PTT se realizó bajo la figura jurídica del proindiviso que consiste en titular una propiedad a varios individuos donde cada uno tiene asignada una parcela, pero sin determinar con exactitud cuál es. En la actualidad se está modificando está figura legal, logrando la partición del proindiviso para generar la seguridad jurídica individual de los propietarios por medio del Programa de Seguridad Jurídica Rural (PROSEGUIR), financiado por AID a través del GOES y ejecutado por cuatro ONG´s: FUNDESA, CARE, REDES y PROESA. 8 De un total de 36,597 beneficiarios del PTT, los tenedores (20 mil aproximadamente) fueron los mayores beneficiados por el programa. Aunque el Programa transfirió propiedades en 167 municipios distribuidos en todos los departamentos del país, los más representativos en términos de concentración de los beneficiarios son los departamentos de Usulután, San Vicente y Chalatenango9. Un reciente estudio del uso del suelo en las propiedades transferidas10 concluye que los beneficiarios se encuentran frente a un fracaso productivo debido a la inadecuada explotación de las tierras, ya que 70% de las tierras son suelos aptos para cultivos permanentes y no para cultivos intensivos como lo es el cultivo de granos básicos al que se dedican 90% de los beneficiarios, razón principal del bajo rendimiento productivo. Este fracaso productivo también se puede percibir en el abandono en que se encuentran algunas propiedades: del 84% de los suelos con potencial agrícola, más de la mitad se encuentra sin cultivar. Al estimar la falta de acceso a los servicios básicos, así como de infraestructura de apoyo al desarrollo comunitario y productivo, queda demostrado que han sido muy pocos los logros obtenidos por el PRN. Tan sólo 25% de las unidades productivas cuentan con viviendas, 20% cuenta con energía eléctrica, aunque se dispone de agua no se puede asegurar su calidad, el 40% de los caminos no son transitables durante todo el año, sólo 4.1% de las propiedades cuentan con escuela en su interior y se carece de un adecuado servicio de salud.11 

PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DE ALGUNAS ONG´S PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS REINSERTADOS. Después de finalizado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, no existen programas de seguimiento especial para los reinsertados por parte de las instituciones de gobierno. Uno de los factores que ha contribuido al proceso de integración de la población desplazada y desmovilizada por el conflicto ha sido la organización comunitaria que con el apoyo técnico y financiero de diferentes ONG´s y de la cooperación internacional ha potenciado la participación de los pobladores en torno al desarrollo local sustentable en los departamentos que se identificaron con mayor presencia de beneficiarios del PTT: San Vicente, Usulután y Chalatenango. Un ejemplo de alta organización comunitaria se puede encontrar en la Microregión Centro Costera “Anastasio Aquino”, en el Bajo Lempa, constituida por los municipios de Tecoluca, Jiquilisco, San Agustín y Zacatecoluca donde existen organizaciones como la Asociación de Mujeres Rurales “Olga Estela Moreno” (ASMUR), Sistema Económico Social (SES), Microregión Económico Social - Tecoluca- (MES), Comité Coordinador para el Desarrollo Integral de Jiquilisco (CODIJ), Coordinadora de Comunidades del Bajo Lempa, Bahía de Jiquilisco para la Prevención de Desastres, el Desarrollo y la Paz (COORDINADORA), Comunidades Unidas de Usulután (COMUS), Iniciativa de Desarrollo Económico Social (IDES) - Zacatecoluca- y los Comités de Desarrollo Municipal en Tecoluca, Zacatecoluca y San Agustín. Como ya se mencionó, el apoyo que han recibido las poblaciones reinsertadas de parte de la cooperación internacional es muy importante. Desde 1992, la Unión Europea viene apoyando procesos de reconstrucción a través de su línea de cooperación de apoyo a refugiados. En la actualidad bajo el “Programa de Apoyo a Poblaciones Desarraigadas para América Central”, el cual tiene una duración de dos años, (1999-2000), se están ejecutando varios proyectos, coordinados por distintas ONG´s: § ”Desarrollo Rural Integral en favor de las poblaciones beneficiarias del programa de Transferencia de Tierras” (PTT). Este proyecto inició en septiembre de 1999 y se desarrolla en ocho departamentos del país: San Salvador, Usulután, Cuscatlán, Morazán, San Vicente, San Miguel, Cabaña y La Unión. En la ejecución del proyecto participan en codirección la ONG europea Paz y Tercer Mundo y un consorcio de ONG´s nacionales entre las que se encuentran las cinco organizaciones miembros de la Concertación Nacional de Refugiados, Retornados y Desplazados de El Salvador, además de otras cinco ONG´s: FUNDESA, Fundación Segundo Montes, ASDEC, CRD y FUNDAES. Este proyecto busca la reinserción de la población beneficiaria del PTT a través de varios componentes en el marco del desarrollo rural integral: producción agropecuaria, producción agroindustrial, vivienda, crédito y comercialización. § Programa de apoyo al desarrollo sostenible de la economía rural en Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. Administrado por CORDES y FUNSALPRODESE. § Desarrollo de la economía rural en nuevos asentamientos poblacionales en Nueva Concepción y Agua Caliente, Dpto. de Chalatenango. Administra CORDES. § Proyecto de desarrollo agropecuario y reinserción socioeconómica en Usulután. ONG: Veterinarios sin Fronteras. § “Apoyo a la reinserción socioeconómica de las poblaciones afectadas por el conflicto en 10 municipios marginales del departamento de Morazán”. Este es un proyecto de cofinanciación entre el Gobierno de El Salvador y la Unión Europea, concebido para tres años (1998-2001) que busca la reinserción socioeconómica de poblaciones afectadas por el conflicto, a través de Focos de Atención Integral. Es decir, se vale de instituciones presentes y consolidadas en el departamento para desarrollar acciones de asistencia técnica, créditos, infraestructura y capacitación, con el fin de consolidar practicas productivas compatibles con una perspectiva de desarrollo sostenible. Los diez municipios seleccionados con base en indicadores de pobreza son Corinto, Cacaopera, Perquin, Arambala, Joateca, Jocoitique, Meanguera, Sensembra, Yamabal y Guatajiagua. § ”Consolidando un proceso sostenible en el Norte de San Vicente”. Este proyecto administrado por el Programa Agropecuario de la Asociación Salvadoreña de Desarrollo Integral (ASDI)12, tuvo una duración de 18 meses y concluyó el 30 de junio de 1999. El proyecto trabajó en seis municipios del norte del departamento de San Vicente: Santa Clara, San Esteban Catarina, San Ildefonso, Apastepeque, San Sebastián y Verapaz. Este proyecto integró diferentes componentes para promover el desarrollo autogestionario de la población en estado de pobreza, entre ellos diversificación agrícola orgánica en 40 unidades económicas familiares, capacitación contable y otorgamiento de crédito a las microempresas, y atención primaria en salud básica y mental para los pobladores. Entre los logros alcanzados por el proyecto está la constitución de una cooperativa de productores, el mejoramiento en el rendimiento de las áreas cultivadas con técnicas orgánicas, recuperación en un 70% de la cartera de crédito y la elaboración de planes comunitarios. La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). Como centro de investigación, desde 1992 la FUNDE ha contribuido con su programa de desarrollo regional/local al proceso de integración de la población desplazada a través de la facilitación de procesos locales y regionales de concertación, planificación participativa y coordinación interinstitucional, así como con la formulación e impulso de estrategias y programas de desarrollo integral con la participación de las comunidades de los departamentos que constituyen la región del Bajo Lempa, es decir, los municipios de San Agustín, Jiquilisco, Tecoluca y Zacatecoluca. También en el oriente de Chalatenango, en los municipios de Arcatao, Nueva Trinidad, San José Las Flores, San Antonio Los Ranchos y Chalatenango; y en el Area Metropolitana de San Salvador, especialmente en los municipios de Soyapango, Nejapa, Quezaltepeque y San Salvador. 

INICIATIVAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS LISIADOS Hasta 1995, tres años después de finalizado el conflicto, se logró el otorgamiento de una pensión mensual para los lisiados, proveniente de recursos gubernamentales administrados por el Fondo de Protección a Lisiados y Discapacitados del Conflicto Armado. En la actualidad, son beneficiarios de este fondo alrededor de 6 mil lisiados que requieren de asistencia económica para su subsistencia. Pero además de una pensión que oscila entre 462 y 1155 colones de acuerdo a la discapacidad presentada, este grupo de población requiere de programas concretos de capacitación en alguna actividad productiva y, sobre todo, asegurar su inserción laboral tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Es importante mencionar que a través de las asociaciones como ALFAES (Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada) y ASALDIG (Asociación de Lisiados y Discapacitados del FMLN) se ha conseguido la canalización de recursos provenientes de la cooperación internacional para la atención médica requerida para este grupo de población. Otros esfuerzos son los de CERPROFA (Centro de Formación Profesional de la Fuerza Armada) que orienta sus actividades a la capacitación y reinserción de los miembros lisiados de la FAES. Un trabajo importante es el realizado por PODES13 (Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador), que es una ONG que funciona como un taller-escuela de discapacitados que ha recibido financiamiento de la cooperación internacional entre ellos, de PROLIS (Programa de Reinserción de Lisiados de Guerra) de la Unión Europea, del Fondo Mundial de Rehabilitación, de UNICEF, donde los mismos discapacitados se incorporan al trabajo de fabricación de aparatos ortopédicos para los lisiados de guerra y discapacitados en general. Iniciativas para la integración de los desplazados por la tormenta tropical Mitch14 El retorno e integración de la población después de la tormenta tropical Mitch a los asentamientos ha significado iniciar un proceso de reconstrucción que varía en cada comunidad, dependiendo de los daños ocasionados a la infraestructura económica, social y comunitaria. Las iniciativas para la integración de la población surgieron en los meses inmediatamente posteriores al evento por parte de varias instancias. En primer lugar, habría que mencionar la propuesta gubernamental expresada en el “Plan de reconstrucción y modernización productiva de El Salvador, 1999-2020”, el cual consideró que para lograr la integración de la población afectada era necesario formular dos momentos: el de la reconstrucción que es de corto plazo, y pretende rehabilitar la infraestructura física básica y el del desarrollo sostenible y prevención de desastres que es para el largo plazo. En este plan, aunque se determinan las funciones a cumplir por las instituciones gubernamentales como responsables en la reconstrucción, se reconocen incoherencias en su formulación y no se puede esperar mayores resultados cuando ya es por todos sabido que estas acciones se inscriben dentro de un modelo de desarrollo que provoca marginación y exclusión social, así como una situación de vulnerabilidad ambiental. En segundo lugar, están varias iniciativas no gubernamentales. Básicamente consisten en la formulación de propuestas alternativas de desarrollo, que al no lograr ser articuladas con las propuestas del gobierno, no trascienden más allá la realidad. Entre las propuestas más importantes se puede mencionar la estrategia de desarrollo rural concertada por el Comité para el Desarrollo Rural (CDR); y la “Estrategia para la Reconstrucción y Desarrollo de las zonas afectadas por la tormenta tropical Mitch en El Salvador” formulada por la Mesa Nacional de Organizaciones Campesinas y Pescadores Artesanales. En esta misma situación se hallan las propuestas surgidas de las organizaciones sociales de las localidades afectadas por la tormenta, que antes que lograr constituirse en una política concertada, se convierte en esfuerzos puntuales que reciben el apoyo de la cooperación internacional y de la orientación técnica de las ONG´s. En esta línea está la “Propuesta de las comunidades, organizaciones sociales, ONG´s, y alcaldías de la micro región Centro-Costera del Bajo Lempa en relación a la situación de vulnerabilidad por las inundaciones en la zona del Bajo Lempa”. A manera de conclusión, es necesario insistir que las respuestas para una verdadera integración de los pobladores que han sufrido el embate de la tormenta tropical Mitch, deben atacar las causas estructurales del problema, ya que la realidad demuestra que hasta la fecha las soluciones han sido de carácter inmediatista. Esto queda demostrado con lo ocurrido pasados tan sólo diez meses de la tormenta tropical Mitch, pues en este mes de septiembre de 1999 de nuevo las tormentas han provocado inundaciones, pérdidas de cosechas y desplazamientos de población en la cuenca del Bajo Lempa y en la cuenca del río Paz en Ahuachapán. 

CONCLUSIONES 

En El Salvador la dinámica demográfica ha sufrido grandes cambios como producto de la redistribución de la población que ha alterado el patrón de asentamientos humanos en el territorio nacional. La transformación demográfica se puede caracterizar en cuatro fenómenos siendo ellos: concentración poblacional, urbanización, relocalización regional y emigración (fuera del país). La naturaleza del fenómeno migratorio tiene su explicación causal en los problemas de un modelo de desarrollo que genera exclusión social. Si bien es cierto, en los años ochenta los desplazamientos se produjeron por razones políticas, después de los Acuerdos de Paz las migraciones han aumentado a raíz de la implementación del modelo económico de desarrollo que genera disparidades territoriales y sociales. Las diferencias regionales reflejan las diferencias del desarrollo económico y social, es por esa razón que las zonas expulsoras de grandes flujos migratorios son aquellas regiones y localidades donde el nivel de desarrollo humano es muy bajo. La dirección de los flujos migratorios ha estado determinada por aquellas áreas donde se da una mayor actividad económica y una oferta de servicios más amplia, provocando una concentración poblacional en la zona suroccidental del país, especialmente en el Area Metropolitana de San Salvador y en las ciudades intermedias como Santa Ana, San Miguel y Sonsonate. Las iniciativas locales para la integración de la población salvadoreña desplazada o migrante, han provenido de las instituciones del Estado así como de organismos no gubernamentales que han contado con el apoyo de la cooperación internacional. Al realizar una evaluación del alcance de las respuestas institucionales que buscan la integración de la población migrante, encontramos la falta de identidad o de reconocimiento de los actores como un sector poblacional con características y necesidades similares, lo cual señala que la identificación como grupo es más producto del ejercicio teórico que de la realidad misma. Ahora bien, al evaluar la integración en términos de inserción laboral productiva nos encontramos frente a un escaso avance, ya que esta población continua siendo la más vulnerable a la pobreza, el desempleo y en algunos casos al rechazo social. Esto es comprensible por el asistencialismo de muchas iniciativas como en el caso de los deportados, los desplazados por la tormenta tropical Mitch o los lisiados de guerra, que son programas que buscan asistir en la emergencia más que en el desarrollo de estrategias de largo plazo. En síntesis, las iniciativas que persiguen integrar a la población migrante, se han caracterizado por la focalización de proyectos para la atención de los diferentes grupos de población migrante o desplazada. Habría que hacer mención de la existencia reciente de un espacio que aglutina a las diferentes organizaciones interesadas en el tema migratorio, nos referimos al Foro de Migrantes, que aunque ha logrado hacer conciencia a nivel nacional de las problemáticas de la migración, sobre todo de la migración internacional, bien puede constituirse como un ente aglutinador para dar respuestas integrales a los procesos de integración de la población migrante o desplazada del país, generando verdaderos procesos de desarrollo. 

BIBLIOGRAFÍA 

Alvarez, Antonio. (1998). Procesos de reinserción. Acuerdos de Paz en El Salvador. San Salvador. CSUCA. (1978) Estructura demográfica y migraciones internas en Centroamérica. San José: Educa. Enríquez, Alberto; Umaña, Nidia; Castrillo, Carolina y Salamanca, Laura. (1999). Impactos de la tormenta tropiccal “Mitch” en El Salvador y algunas respuestas institucionales. San Salvador: FUNDE-Oxfam America. FEPADE. (1997). Los jóvenes en situación de exclusión social. San Salvador. Foro de Migrantes. (s.f). Plataforma política. San Salvador. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. (1997). Desmovilización, reinserción y pacificación en El Salvador. García, Juan José. (1999). Situación actual de los retornados beneficiados por el Programa Bienvenido a Casa. San Salvador. Lungo, Mario; Umaña, Nidia y Rivero, Alicia. (1996) Desarraigo y reasentamiento en las zonas ex-conflictivas en El Salvador. San Salvador: Fundasal. Lungo, Mario; Serarois, Juan y Síntigo, Ana Silvia de. (1997). Economía y sostenibilidad en las zonas ex-conflictivas en El Salvador. San Salvador. Lungo Uclés, Mario y Menjivar de Sintigo, Ana Silvia. (1998). San José Las Flores. El desarraigo y el retorno. San Salvador: Fundasal. Mejía, Enrique y Merlos, Enrique. (1999). Análisis del uso del suelo en las unidades productivas del PTT. Estudio de caso. San Salvador: FUNDE. Ministerio de Economía. Dirección General de Estadística y Censos. (1998). Encuesta de Hogares de Propósitos Mútiples. 1997. Ciudad Delgado. Ministerio de Economía. (1995). Censos Nacionales V de Población y IV de Vivienda. San Salvador: DIGESTYC. Ministerio de Economía. Dirección General de Estadística y Censos. (1971). El Salvador: Cuarto Censo Nacional de Población. 1971. Rosa, Herman y Barry, Deborah. (1995). Población, territorio y medio ambiente en El Salvador. Prisma No. 11, mayo-junio 1995. ONUSAL. (1994). Elementos para la categorización de los asentamientos humanos. Documento. PNUD. (1999) Estado de la Región. PNUD. (1994). Caracterización general de la región oriental de El Salvador. San Salvador. Tobar, Jaime. (1998). El Programa de Transferencia de Tierras como instrumento de Desarrollo Agropecuario y Rural en El Salvador. Posibilidades y limitantes. San Salvador: Programa de Becas Robert Mc Namara. Banco Mundial. Torres-Rivas, Edelberto. (1993). “La sociedad: la dinámica poblacional, efectos sociales de la crisis, aspectos culturales y étnicos” págs. 161-208. En: Historia General de Centroamérica. Tomo 6. Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario - FLACSO. Umaña, Carlos. (1996). Un nuevo mapa para El Salvador. San Salvador: Ediciones Tendencias